Ulea es un pequeño municipio murciano de 900 habitantes, situado en el paradisíaco Valle de Ricote, para el que varias organizaciones y fundaciones han pedido que sea declarado Patrimonio de la Humanidad. En la actualidad, el pueblo cuenta con 596 viviendas, de las que solo 336 están habitadas de forma habitual. Según el Plan General de Ordenación de Ulea, propuesto por el equipo de gobierno (PP) y aprobado en pleno municipal con los votos en contra del PSOE, el ayuntamiento ha dado luz verde a siete convenios urbanísticos que permitirán la construcción de 21.343 viviendas, con un número estimado de habitantes de 64.030 personas, 63.200 más que el censo actual.
De los convenios urbanísticos, cuatro de ellos han sido suscritos con Antonio Bernal Martínez, a quien ya llaman “el Pocero Murciano”, que representa a la mercantil Verdelena S.A., con domicilio social en el pueblo vecino de Abarán. Esta empresa ha sido autorizada a construir 12.444 viviendas, más de la mitad de lo que contempla el PGOU, incrementando la población en 37.331 habitantes, según los datos del equipo redactor del plan municipal, compuesto por un arquitecto y tres ingenieros.
Otro de los resorts pertence a la empresa gallega Martinsa Fadesa, con 3.977 viviendas, un campo de golf de 18 hoyos, y un hotel de lujo, para 11.931 habitantes. El consistorio adjudicó también la construcción de 4.406 viviendas en el nuevo residencial Los Juncos de Ulea Golf Resort, convenio firmado con el abogado metido a promotor Higinio Pérez Mateos, con más campos de golf, hoteles y centros comerciales, con una población estimada de 13.218 habitantes.
Ulea es un pueblo agrícola, rodeado de hectáreas de tierras destinadas al cultivo de cítricos y fruta de hueso, como albaricoque, melocotón, y ciruela, y necesitadas de agua para el riego.
A pesar de estas carencia, el ayuntamiento pretende suministrar a las 21.343 viviendas agua procedente del trasvase Tajo – Segura. Aunque, según informó la organización Ecologistas en Acción a VMPress, ninguno de los convenios tiene concesión de agua por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura y de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, según les comunicaron oficialmente desde ambas entidades.
El Plan está aprobado definitivamente por la Comunidad Autónoma, pero se encuentra recurrido ante los tribunales por Ecologistas y en período de prueba en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Un grupo de agricultores ha denunciado uno de estos planes, lo que ha motivado una investigación por parte de Obras Públicas. Martinsa Fadesa y Vedelena S.A. prevén en sus planes parciales 3.000 viviendas más.
El alcalde, José Bolarín, del Partido Popular, que ha puesto todo su empeño en la realización de estos convenios, declaró recientemente que “si creen que acudiendo a la prensa nos van a intimidar, están muy equivocados”. Para los vecinos consultados “solo la justicia puede parar esta locura”.
¿Agua para todos?
Mientras Murcia saca a sus agricultores clamando agua para el desierto, políticos y promotores pretenden eliminar hectáreas en plena producción de regadío para dejar paso a solares de hormigón. El pleno del Parlamento Europeo aprobó hace poco por una amplia mayoría de 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones un informe que pide congelar los fondos comunitarios para España si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos de varios países de la UE, especialmente cometidos en Murcia y Valencia.
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