Puerto Mayor en La Manga, la Unión Europea y el Generalísimo Franco

Jesús Pons. VMPress.
La Comunidad Europea ha enviado una resolución al Ministerio de Asuntos Exteriores español para que en el plazo de dos meses explique, si puede, todas las irregularidades detectadas en el proyecto de Puerto Mayor, situado en La Manga del Mar Menor. Según Europa, las obras de construcción del puerto deportivo incumplen varias directivas europeas relacionadas con la preservación del habitat y el medio ambiente. Asimismo, sospechan de las evaluaciones de impacto ambiental realizadas por la Comunidad Autonóma. Rubén Vives, de Ecologistas en Acción, señaló a VMPress que la decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas es un respaldo a la denuncia que Ecologistas puso hace 9 años. Mientras, el gobierno regional, en un comunicado, explica que fue el gobierno de Franco quien aprobó el proyecto.

Rubén Vives López, de Ecologistas en Acción, autor del estudio que dio lugar a la denuncia presentada en la Comunidad Europea en 2000, explicó ayer que la directiva Habitat declara protegido parte del litoral sumergido donde se encuentra la bahía del Estacio, que es donde se está construyendo Puerto Mayor. Aunque Puerto Mayor está paralizado en la actualidad, por orden del Tribunal Superior de Justicia, como consecuencia de una denuncia del Ministerio de Medio Ambiente contra la autorización del gobierno regional para seguir con las obras.

La lentitud de los procesos judiciales y oficiales, tanto de la justicia española como de las autoridades europeas, han dado lugar a que "todos los argumentos que sirvieron para declarar la zona como protegida ya no existan, puesto que se lo han cargado todo, no han dejado nada. Han desaparecido las praderas de fanerogamas marinas, plantas con flores que viven en el agua. Y también el habitat de algunas especies de bivalvos, que tienen forma de almejas, del tamaño de una raqueta, de unos 50 cm. Viven en el fondo marino, y están considerados por la Union Euroepa como especies prioritarias a conservar", dice Vives.

En el caso de que termine el procedimiento con una sanción firme, "tendrían que restaurar todo lo que han destrozado. Lo que más nos preocupa es que se genera una sensación de impunidad, y que cualquier gobierno pueda destrozar espacios protegidos dentro de la red Natura 2000 porque sí. Es algo similar a la Zerrichera y Calblanque. También han desaparecido 600 metros de playa con arenales vírgenes y valiosa flora y fauna. Estaba fuera de la zona protegida pero dentro del proyecto Puerto Mayor", recuerda el representante de Ecologistas en Acción.

No obstante, desde la organización ecologistas creen que "lo positivo es que la Unión Europea ha tomado cartas en el asunto en algo en lo que se buscaba la rentabilidad económica. El Gobierno regional prima los intereses particulares de los amigos frente a los intereses de los ciudadanos. La resolución es importante para que no haya sensación de impunidad. Es un gran paso".

EL PP dio alas al proyecto
La primera declaración medioambiental de impacto mediambiental fue firmada por Juan Cánovas, que fue presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, y que entonces era secretario general de la secretaría sectorial de Aguas y Medio Ambiente. Cánovas dio luz verde "con todos los informes en contra", recuerda Vives. Incluso, los informes estaban contra la dirección general de Costas del Ministerio, en una época en la que dirigía el país el gobierno de Aznar.

Según Rubén Vives, "ellos necesitaban una declaración de impacto medioambiental favorable, y amañaron y forzaron para conseguir esa declaración que no tiene para cogerse, es de locos".

Desde la Comunidad Autónoma han incurrido en numerosas irregularidades, y Ecologistas critican duramente "un proyecto que no se podía aprobar, pero al gobierno regional le daba igual. No les tembló la mano para firmar".

En la actualidad se siguen dos procedimientos. La vía de la Unión Europea y la de los juzgados españoles. Los juzgados deliberan la ilegalidad o no de construir 20 años después de una aprobación. Y luego en la Unión Europea, el cumplimento de la directiva europea y espacio protegido. "Por tanto no se puede construir el puerto bajo ningún concepto".

Puertomayor en principio era para 2.500 puntos de amarre, y se ha ido reduciendo hasta 1.000. Pero todo esto ha llegado a ocurrir por la impunidad, dice Vives, quien se muestra satisfecho de que "institucioines con rango superior al gobierno dicen que esto es ilegal, injustificado y hay corrupción".

El Gobierno regional dice que el gobierno de Franco autorizó el expediente
El Gobierno regional dará cumplida respuesta y justificación sobre todas y cada una de las consideraciones relativas al proyecto de Puerto Mayor a las que se refiere la carta de emplazamiento complementaria remitida por la Comisión Europea, informaron fuentes oficiales en un comunicado emitido ayer.

Este proyecto se remonta al año 1975, cuando fue aprobado por el Consejo de Ministros de España, quien lo autorizó cuando no existían figuras de protección ambiental sobre esa zona, que hoy están establecidas.

Posteriormente, el proyecto originario sufrió una modificación en 1998 que contemplaba desarrollos urbanísticos complementarios, lo que fue rechazado por el Gobierno regional en 2006, cuando se dejó claro por parte del Ejecutivo murciano que no se permitiría la construcción de ninguna casa.

El proyecto de construcción del puerto fue objeto de un recurso contencioso-administrativo, planteado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma en el año 2008, y sobre el que todavía no se ha dictado sentencia.

Hasta la fecha, la Sala sólo se ha pronunciado por medio de un auto en octubre de 2008 que levanta parcialmente la suspensión cautelar decretada en el 2005 y permite continuar con las obras contenidas en el proyecto original.

El Gobierno regional será respetuoso con el pronunciamiento de las instituciones judiciales, y dará cumplimiento a lo que determinen a propósito de la viabilidad o no de la construcción del puerto.
Para Ecologistas en Acción, "esto es una verdad a medias, pero aquellas obras se paralizaron porque eran ilegales, y cuando se retomaron no se parecía en nada y había legislación ambiental que se incumplió. Hubo una sentencia que decía que no se rechazaba el proyecto, pero que debía someterse a valoración de impacto ambiental. Después de 20 años no se podía reinicia un proyecto de forma ilegal”.