“Han pretendido con malicia y dolo engañar y ocultar lo denunciado mediante artimañas con el objeto de no ser descubiertos”
(Uno de los pozos denunciados, en Cieza)
VMPress.
Las sanciones por reprofundizar en pozos para obtener agua de forma ilegal son frecuentes en la Región de Murcia, según las denuncias a las que ha tenido acceso VMPress. La última, de 10.000 euros, a la Comunidad de Regantes Menorca – Ibiza, en el término municipal de Jumilla. Se da la circunstancia de que el presidente de esta comunidad de regantes, Manuel Mora, es también el gerente de la Comunidad General de Regantes de Abarán, recientemente intervenida por la Guardia Civil.
La autorización de la CHS para actuar en el pozo era solo para limpieza, pero en vez de realizar esta tarea, se reprofundizó en al menos 95 metros de más, con respecto a la profundidad original inscrita en el registro de aguas que era de 250 metros, según la denuncia que obra en poder de esta redacción.
Este tipo de actuación daña muy considerablemente los recursos hídricos de la cuenca del Segura, según un informe de la CHS, y perjudica con su realización los derechos adquiridos en diferentes concesiones, por lo que al evidente beneficio económico “se debe tener presente el grave conflicto social que conlleva estas actuaciones, ya que nuestra cuenca es muy deficitaria en recursos subterráneos, y las detracciones sin límite o contraviniendo lo concedido suponen un quebrante hídrico de la cuenca y los acuíferos, a lo que se debe añadir que estos están declarados en sobreexplotación, por lo que la denunciada con su labor está causando un muy grave perjuicio a los acuíferos de la cuenda del Segura”.
Agentes de la Guardia Civil realizaron en la zona de los regantes de Menorca – Ibiza, concretamente el paraje Sopalmo – Estrecho de Marín, una amplia investigación documentado con fotografías que dieron lugar al expediente sancionador .
Posteriormente, otra denuncia del Servicio de Guardería y Policía Pluvial advierte que la reprofundidación ilegal puede constituir un presunto delito penal ecológico.
La Guardia Civil señala además que los gestores de la comunidad de regantes “han pretendido con malicia y dolo engañar y ocultar lo denunciado mediante artimañas con el objeto de no ser descubiertos en los hechos denunciados”, e informan sobre la conveniencia de comunicar a la Junta de Usuarios del Acuífero Sobreexplotado Ascoy-Sopalmo, con sede en Molina de Segura, para que pudieran proceder en función de sus intereses.
Tras la intervención de la Guardia Civil en las oficinas de la Comunidad de Regantes de Abarán, el gerente, Manuel Mora, sancionado ahora por la CHS, aseguraba que “Yo me dedico a repartir agua. Los que cobran son los bancos”, y negó la supuesta venta fraudulenta de agua.
En cambio, otros comuneros aseguraban que dicha comunidad era una bomba de relojería “por el complicado sistema de reparto del agua”.
En la actualidad, según fuentes ecologistas, son centenares los pozos ilegales de agua, y otros tantos los que se reprofundizan, sin autorización, para obtener más agua, que no siempre está dedicada al regadío.
El pozo Ringondango, en el término municipal de Cieza, también ha sido objeto de denuncias por parte de EeA, ya que estuvo realizando trabajos sin autorización municipal, incluso tenía una orden de paralización del ayuntamiento que no se cumplió.
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